PJ dejó al voto el pedido para suspender proyecto minero Ariana

Este miércoles 8 de enero se realizó la última audiencia de segunda instancia, del proceso de amparo iniciado por un grupo de ciudadanos contra la empresa minera.

El Poder Judicial dejó al voto este miércoles 8 de enero el pedido para suspender el proyecto minero Ariana, ubicado en Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín.

Bajo la conducción del magistrado de la primera sala constitucional, Eduardo Romero Roca, se realizó la audiencia final de dirimencia del proceso que definirá el futuro del proyecto, que según los demandantes hace peligrar el agua en Lima y Callao.

Un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran civiles, exautoridades, trabajadores de Sedapal y técnicos especialistas, se pronunciaron en contra de la continuación del proyecto minero, argumentando que representa un riesgo para la provisión de agua de los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

En ese sentido expresaron su preocupación por el voto dirimente del juez que verá el caso de la demanda de amparo contra este proyecto.

Uno de los argumentos nuevos aportados por la parte demandante es que el sistema hídrico de Marcapomacocha tiene el carácter de “activo crítico nacional” y, por Ley, debiera ser intangible. En efecto, según resolución 124-2020-DINI-01 de la Dirección Nacional de Inteligencia, el túnel trasandino Cuevas-Milloc, las lagunas de Marcapomacocha, Sangrar y otras, así como los canales de conducción, represas y otros componentes del mencionado sistema hídrico, son incorporados dentro del Inventario Nacional de los Activos Críticos Nacionales.

“Este es un activo crítico nacional, si deja de funcionar, la sociedad misma dejaría de funcionar, el PBI se vería afectado, los activos críticos tienen intangibilidad y eso no se ha considerado, señor juez”, explicó el geógrafo especialista de la parte demandante, Dionel Martínez.

Los demandantes reafirmaron que no están en contra de la inversión ni de la minería, pero que en este caso se tiene que cautelar el bien superior que es asegurar el abastecimiento de agua para más de 11 millones de personas. La inversión de Ariana no llega a los 200 millones de dólares, pero la inversión prevista de Sedapal en los proyectos Marca 2 y Marca 5 en esa misma zona es diez veces superior. “El costo mismo del agua producida por Sedapal en este sistema, en 10 años, es superior a la inversión de la mina”, explicó Martínez.

La abogada de Sedapal, Kathia Zambrano, explicó cuatro riesgos inminentes identificados por la empresa de agua potable:

(1) las posibles afectaciones a la infraestructura del túnel trasandino Cuevas Milloc, que podrían causar la interrupción del suministro de agua a la ciudad;

(2) las filtraciones de agua de las lagunas hacia el socavón, debido a la calidad permeable de la formación rocosa calcárea denominada “jumasha”, lo que haría disminuir el volumen de agua captado por Sedapal;

(3) la posible contaminación con metales tóxicos de los cursos de agua superficiales y subterráneas, que haría más difícil para Sedapal garantizar la potabilización del agua para consumo humano;

(4) el entorpecimiento de las proyecciones de almacenamiento de agua, debido a que la minera Ariana ha cercado la zona y ha impedido que Sedapal pueda ingresar con libertad para hacer todas las actividades necesarias para la medición de los volúmenes de almacenamiento y descarga.

Es así que la empresa responsable de la captación, tratamiento y distribución de agua potable para Lima y Callao defendió la posición de que este proyecto es un grave riesgo, posición que ha mantenido firme desde 2014, informaron los demandantes.

Yacimientos de cobre y zinc

El proyecto minero Ariana es una explotación minera subterránea de yacimientos de cobre y zinc, que se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, conformado por lagunas, bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas, que alimentan al túnel trasandino Cuevas-Milloc, a través del cual, se transporta el agua a la cuenca del Rímac, representando el 62% del agua que abastece a Lima y Callao en época de estiaje.

El exviceministro José De Echave, quien es parte demandante en este proceso judicial, explicó que no se cuestiona la importancia de la minería, pero si la afectación a este importante sistema hídrico. “No estamos en una lógica anti minería. Lo que estamos es preocupados, con mucha legitimidad, porque se pretende afectar con un proyecto (minero) de estas características, a un sistema que es fundamental” expresó De Echave, añadiendo que el sistema hídrico de Marcapomacocha está considerado como un activo crítico del Estado y que por lo tanto debería ser intangible.

“Nos dirigimos al juez, pedimos que evalúe seriamente el caso, porque lo que está en riesgo es el derecho al agua para todos los limeños y limeñas, y también para los chalacos y chalacas”, expresó Ana Leyva, abogada de CooperAcción. “Hay una alta posibilidad de que se afecte el túnel trasandino, o que se produzcan filtraciones y se contamine la calidad del agua. Esperamos que se haga justicia y que se haga prevalecer el bien superior que es el derecho al agua, la salud y la vida”, puntualizó.

“Lima es una ciudad desértica. Si no fuera por el agua que viene de la sierra central, Lima sería una población que no tendría agua”, recordó Luisa Eyzaguirre, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL)”. “Tenemos 650 mil personas que no cuentan con el servicio de agua en Lima. ¿Existe la posibilidad de dotar de agua a esta población cuando estás teniendo el riesgo de implementar un proyecto de estas características, totalmente lesivo a los intereses de la gente? Definitivamente no” señaló.

Por su parte, la excongresista por Lima, Marisa Glave, señaló que “en el juicio se ha declarado formalmente que la evaluación de la Autoridad Nacional del Agua no incluyó una valoración de la calidad y cantidad de agua para Lima, ni del uso del sistema Marcapomacocha para el trasvase de agua a la ciudad de Lima”. “Es decir que nadie, en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, ha hecho una evaluación seria sobre los posibles impactos de este proyecto minero para el abastecimiento de agua de Lima”, remarcó la ex congresista, quien también es parte demandante en el proceso judicial.

Hitos clave del proyecto minero y el proceso judicial

En el 2016, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Ariana de la empresa minera Southern Peaks Mining, ignorando las alertas y observaciones de Sedapal, que les hizo llegar antes y después de aprobar este estudio. Entre 2014 y 2020, la empresa de abastecimiento de agua, presentó por lo menos 7 cartas, informes y documentos al MINEM con objeciones técnicas al proyecto minero, pero estas no fueron tomadas en cuenta.

En el 2019, el exviceministro José de Echave y las excongresistas Marisa Glave y Kathia Gilvionio, con el apoyo de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal, interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero Ariana, presentando una serie de indicios razonables que muestran que la construcción de la mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en el sistema de Marcapomacocha pondrían en riesgo las fuentes de agua de la zona.

Resultado de esta iniciativa legal, en enero del 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente.

Una decisión que fue apelada por la empresa minera y el Estado peruano, pasando el caso a la sala constitucional de Lima, como segunda instancia. En esta sala ya se han pronunciado los magistrados Ordóñez y Tapia a favor de la suspensión del proyecto minero y la nulidad de las resoluciones que lo autorizaron; y los magistrados Cueva y Suárez que se han manifestado en sentido contrario. Por lo que el voto dirimente que se verá en la audiencia de mañana, miércoles, será clave para la seguridad hídrica de Lima y Callao.

Fuente: Gestión