- Operativos contra minería ilegal destruyen bienes por más de S/ 123 millones
- MINEM resalta participación de la mujer en la industria minera y la pequeña minería
- EXPOCOBRE 2026 confirma nueva fecha en abril y proyecta más de 25,000 asistentes
- Julia Torreblanca: “La minería ilegal nos afecta a todos, no solamente a las inversiones mineras”
- Fabricante Chino prepara inversiones por US$ 60 millones en centrales solares
Operativos contra minería ilegal destruyen bienes por más de S/ 123 millones

El gobierno peruano continúa su lucha contra la minería ilegal, llevando a cabo 45 operativos en 14 regiones del país entre el 16 y el 28 de febrero.
Estos operativos, realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, lograron la destrucción de bienes valorados en S/ 123,5 millones, los cuales eran utilizados en actividades ilícitas que dañan el medio ambiente y las comunidades originarias.
Las regiones más afectadas por la minería ilegal durante estos operativos fueron La Libertad, Madre de Dios, Huánuco y Amazonas.
La Libertad lideró las incautaciones con un total de S/ 81.6 millones en bienes destruidos, seguida por Madre de Dios con más de S/ 15 millones. Entre los bienes incautados se encuentran vehículos, maquinaria pesada, motores, y herramientas especializadas para la minería, los cuales han sido retirados de las zonas de explotación ilegal.
Uno de los operativos más relevantes se realizó en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, donde se incautaron equipos y materiales cuyo valor superó los 72 millones de soles. Este operativo destaca como uno de los más exitosos en términos de bienes destruidos, reflejando el impacto positivo de las acciones del gobierno en la reducción de la minería ilegal.
En total, en febrero se realizaron 78 operativos que lograron incautar bienes por un valor superior a los S/ 244 millones. Estos esfuerzos demuestran el compromiso del Ejecutivo por erradicar la minería ilegal y proteger el medio ambiente, además de garantizar el bienestar de las comunidades afectadas por estas actividades ilícitas.