Iniciativa del Congreso desincentivará inversiones en sector energía eléctrica

“Debido a que la participación de la actividad de distribución solo es el 30% de la tarifa para el usuario residencial (el 70% se reparte entre la generación, transmisión y otros cargos), la reducción de la tasa de actualización solo explicará una reducción de entre 1% y 2% del costo total del recibo”, precisó.

Sin embargo, puntualiza que el impacto en el componente de inversión del distribuidor será del 20%. 

De este modo, detalla que el futuro de las distribuidoras estatales es incierto pues con la crisis del covid-19 se han reducido sus márgenes debido al menor consumo de las cargas comerciales e industriales.

Además, explica que están los mayores costos que vienen asumiendo por temas de bioseguridad, pagos extras a contratistas, inflexibilidad laboral y altos costos financieros por la incobrabilidad de las cuentas pendientes de pago de los usuarios.

En Distriluz se estima que este año se perderán 120 millones de soles. Pero de aprobarse el proyecto de Ley referido, sus ingresos para inversión se verán reducidos en 62.5 millones de soles por año adicionalmente, lo cual representa el 60% de su inversión total anual.

“Hay que recordar que estas empresas estuvieron en primera línea para garantizar el servicio eléctrico a los hospitales, al teletrabajo y a la educación a distancia”, subrayó.

La empresa también explica que el predictamen sobre esta iniciativa no tiene sustento técnico y que no considera que hay estudios realizados por el propio Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en la presente década y en la anterior, que establecieron tasas de actualización mayores al 12%.

Agrega que tampoco cuenta con opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual forma, Osinergmin, las asociaciones de consumidores, los gremios empresariales, tanto privados y públicos, presentaron diversas observaciones al proyecto, las cuales no se han subsanado.

De otra parte, refiere que la última versión del predictamen incluye temas que no se han trasladado para el análisis u opinión de las diversas entidades, u otros que no han sido tratados durante las discusiones en la Comisión.

Por ejemplo, detalla que se agregaron temas como el uso de una nueva metodología para el cálculo de la Tasa de Actualización (llamada WACC) y un párrafo sobre que a las distribuidoras no se les reconocerá en sus costos operativos la participación de utilidades de los trabajadores ni como un agregado o adicional a la tasa de actualización.

“Estos temas merecen una evaluación de parte de especialistas del sector eléctrico y en materia laboral, pues la solución puede ser peor que el aparente problema”, precisa.

De este modo, la empresa Distriluz enfatiza que no es razonable reducir las tarifas eléctricas entre 1% y 2% a costa del componente de inversión en distribución eléctrica que se destina a ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio al consumidor.

“Se necesitan empresas estatales que no demanden recursos del tesoro público, que no se privaticen a bajos costos, que tengan recursos para ampliar la cobertura eléctrica, que brinden mantenimiento a sus redes, eviten apagones, mejoren el alumbrado público y que mantengan la continuidad del servicio de las cargas esenciales de salud, trabajo y educación”, enfatizó.

De otro lado, considera que algunos aspectos de mejora tarifaria y de inversiones son:

Corregir la diferencia de precios que hay entre usuarios regulados y libres. Las tarifas de los usuarios libres pagan hoy 70% o menos del usuario regulado. Así también hay otros cargos tarifarios que pagan todos los usuarios a nivel nacional (tanto libres como regulados), que corresponden al 10% del costo de su recibo.

Fiscalizar y brindar incentivos para la ejecución de inversiones del distribuidor estatal. Por ejemplo se puede buscar un mecanismo para ampliar el área geográfica de su concesión y sus obligaciones de inversión, acompañado de un mecanismo de reinversión de dividendos, acceso al financiamiento de largo plazo, mecanismos de contratación pública más eficientes, entre otros.

Además, las empresas distribuidoras de energía, como las del grupo Distriluz, son en su mayoría del Estado por lo que están bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Fuente: Andina

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