Minería y desarrollo territorial

El cambio de enfoque exige una mirada más amplia de los territorios mineros como espacios definidos a partir de diversos tipos de relaciones

Hace pocos días, el Instituto de Ingenieros de Minas presentó un libro sobre este tema (“Desarrollo territorial y minería” de Raúl Molina, Carolina Trivelli, Darío Zegarra y Paola Bustamante, publicado por el Instituto de Ingenieros de Minas, 2023). Cuatro autores, yo entre ellos, pasamos largos meses investigando y discutiendo para producir el texto con el fin de renovar la discusión sobre la relación entre la minería y el territorio.

El texto parte con dos afirmaciones. Primero, que si bien en los últimos 15 años en el Perú se han registrado avances en indicadores asociados con el desarrollo –pobreza, desigualdad, desarrollo humano–, en los distritos y provincias mineros estos avances no han sido marcadamente distintos a los registrados en los distritos y provincias vecinos a estos ámbitos mineros a pesar de que estos distritos han tenido más recursos públicos –canon y regalías– y más inversión privada. Es decir, todos han mejorado y si bien en algunos distritos y provincias mineras se han registrado avances sustantivos, en conjunto los distritos mineros teniendo más recursos mejoraron relativamente a la par de sus vecinos no mineros.

Segundo, que el conjunto de instrumentos con que contamos hoy como país para promover el desarrollo de los ámbitos mineros y la sostenibilidad de la inversión minera ha resultado insuficiente. Hoy es más que evidente que el paquete conformado por la regulación relevante para la minería, los compromisos derivados de los estudios de impacto ambiental y social, los sustantivos recursos de canon y regalías, las inversiones y proyectos locales de las áreas de responsabilidad social de las empresas mineras, las mesas de diálogo (con gran cantidad de compromisos que no se honran) y los esfuerzos públicos y privados por mejorar las capacidades locales, resulta insuficiente para generar desarrollo en los ámbitos mineros, para reducir la conflictividad e incrementar la sostenibilidad y predictibilidad de la inversión minera.

Ante ello, el texto propone cambiar de enfoque. Pasar de atender los desafíos de los ámbitos mineros, uno por uno, con soluciones puntuales a mirar en conjunto el territorio minero, con sus problemas y desafíos, por cierto, pero también con sus potencialidades. Ahí es donde el desarrollo del territorio se vuelve el objetivo, no solo el desarrollo minero, el desarrollo rural o el desarrollo económico. ¿Qué quiere decir desarrollo territorial? Desarrollo económico diversificado y competitivo, cohesión social, institucionalidad, ciudadanía activa, bienestar social, etc. Todo a la vez. Ese es el norte, el punto al que deberíamos apuntar a llegar.

Hasta ahí, todos estamos de acuerdo con que es una buena aspiración: desarrollo de los territorios mineros. La pregunta que queda es cómo vamos desde donde estamos hoy hacia allá.

El texto en mención no trae una receta de cómo lograr el desarrollo territorial, pero sí un conjunto de propuestas de cómo iniciar el proceso de cambio para movernos hacia él. No es una propuesta para evitar conflictos o para atraer inversión, pero sí un conjunto de insumos para generar mejores formas de gestionar las disputas y mejorar las condiciones para más inversión –minera, no minera y social–. Las propuestas giran en torno a generar una gobernanza que sea conducente al objetivo del desarrollo territorial. Es decir, redefinir roles y relaciones entre los actores relevantes para los territorios mineros a fin de construir con ello una ruta de desarrollo. Reconociendo la diversidad de situaciones y puntos de partida, el texto propone un conjunto de acciones para ir construyendo nuevas relaciones entre los actores que faciliten acuerdos territoriales, relaciones proactivas entre actores y mejores esquemas de gestión, inversión, rendición de cuentas, etc. No es una ruta lineal, no es una ruta corta, no es un proceso de etapas predefinidas, es una nueva forma de actuar, de interactuar y de enfrentar los desafíos de cada territorio.

El cambio de enfoque exige, eso sí, una mirada más amplia de los territorios mineros (no solo de los ámbitos de influencia directa) como espacios definidos a partir de diversas relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y un reconocimiento de los múltiples actores del territorio –Estado nacional, local, regional, empresas mineras, pequeñas y microempresas locales no mineras, sociedad territorial, universidades y centros de conocimiento– y sus diversas interacciones.

El texto trae recomendaciones de cómo iniciar este proceso de gobernanza para el desarrollo territorial a partir de tres actores claves para desencadenar estos procesos: el sector público, las empresas mineras y el sector del conocimiento, en particular, las universidades regionales.

Se trata de renovar la discusión para inducir cambios en la acción; se trata de hacer distinto para evitar seguir llegando al mismo lugar donde estamos hoy.

Fuente: Gestión