- Proyecto de ley no busca poner fin al proceso de formalización minera en curso
- Ministro de Energía y Minas: “Mi renuncia no resuelve el problema”
- Quellaveco ha generado un impacto positivo en Moquegua, impulsando en crecimiento económico y promoviendo el desarrollo
- Consideran que la PCM y el MEF deberían hacerse cargo de la resolución de conflictos sociales
- Bettina Reyna: “Las demandas ciudadanas crecen, pero el Estado no está fortaleciendo sus capacidades”
Inversiones en minería podrían reflotarse impulsando proyectos de exploración
La industria extractiva parece no recuperarse a pesar de los anuncios del Ejecutivo para agilizar la obtención de los permisos. Según la última edición del Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, en el periodo de enero a junio, la inversión minera acumula US$ 1,895 millones, lo que significa una caída de 19.2% en comparación con el 2022.
Para Guillermo Shinno, Gerente General de Minera Apumayo, las cifras en negativo requieren más que voluntad por parte del actual gobierno de Dina Boluarte. “Desde el Minem se tienen que mostrar los argumentos técnicos frente a otras instituciones como el Ministerio del Ambiente para sustentar las modificaciones a las normas. Si bien existe voluntad política, es importante que se den las condiciones legales para optimizar los permisos sin flexibilizar la normativa ambiental”, señaló Shinno Huamaní.
El panorama minero en el país requiere plantear condiciones atractivas para los inversionistas, debido a que, después de Quellaveco y las ampliaciones de Antamina y Toromocho, la cartera de inversión contempla proyectos de menor envergadura.
Conflictividad social: otro tema pendiente
El clima social es otro factor que ralentiza los proyectos mineros. Grandes inversiones como Conga y Tía María se mantienen paralizadas debido a la falta de estrategias para llegar a la población con información acertada y adecuada.
“El Ministerio de Energía y Minas debe potenciar el trabajo de prevención y resolución de conflictos sociales mediante una labor de acompañamiento a la empresa privada. Sin embargo, es imprescindible que también se fiscalice el dinero proveniente de los impuestos mineros. La población cree que la minería no les deja nada, lo cual es mentira. Muchas veces son las autoridades regionales o locales las que no ejecutan ese presupuesto de manera adecuada”, acotó el ex viceministro de minería.
La actualización de la cartera de inversión para el 2023 contempla 38 proyectos sin fecha inicio de construcción, algunos de los cuales se encuentran en etapas tempranas por aspectos sociales asociados al proyecto.