Restauración del ambiente

Una nueva mirada a la remediación de pasivos ambientales mineros.

El cierre de operaciones mineras con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas, ocasionó en el Perú aproximadamente nueve mil pasivos ambientales mineros (PAM)¹, cuya remediación se encuentra a cargo del Estado o de los titulares identificados.

Si bien dicha remediación se financia en su mayor parte mediante asignaciones presupuestales del sector energía y minas, donaciones de la cooperación internacional y el presupuesto de Activos Mineros S.A.C.² el cual es aprobado por la Corporación FONAFE; estas fuentes de financiamiento han resultado variables e insuficientes. Así, a pesar de que los PAM (relaves, bocaminas, tajos y desmontes de minerales) ¬-al representar un alto riesgo para el ambiente y la salud pública deberían resultar una prioridad para el Estado- este último no ha asignado el presupuesto necesario para su remediación. Por ello, resulta obligatorio evaluar nuevas modalidades de financiamiento para dar cumplimiento a la tarea de restauración de los PAM.

En ese contexto, lo primero, sería fomentar prácticas como las de Cerro de Pasco Resources (CDPR), empresa minera canadiense, que acaba de ingresar al Perú con el objetivo de utilizar tecnología de último nivel para el reprocesamiento de reservas y depósitos de minerales en la ciudad de Cerro de Pasco, promoviendo así la participación del sector privado y la generación de ingresos económicos por reaprovechamiento de los PAM.

Entre los objetivos principales de CDPR se encuentra el reaprovechamiento del depósito de relaves “Quiulacocha”, de 115 hectáreas, aproximadamente 70 millones de toneladas de metales recuperables y que se encuentra bajo administración de Activos Mineros S.A.C. Cabe señalar que CDPR firmó un acuerdo definitivo con Volcan Compañía Minera para la adquisición de todas las operaciones que mantiene esta última en Cerro de Pasco, incluyendo una planta de lixiviación de metales preciosos de óxidos.

La restauración de los PAM implica una inversión de largo plazo de aproximadamente 7 mil millones de soles”.

Por otro lado, más allá de las medidas que sean tomadas por agentes privados, resulta necesario que el Estado apruebe fuentes de financiamiento adicionales para la restauración de los PAM. Por ejemplo, mediante la redistribución del canon minero y de los ingresos provenientes las multas ambientales que impone el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a favor de Activos Mineros S.A.C. para la ejecución de actividades de rehabilitación del ambiente.

Con relación al canon minero, de acuerdo con la normativa éste debe ser utilizado para la ejecución de obras que generen beneficios en la calidad de vida de quienes habitan en el área de influencia del proyecto minero. Sin embargo, es común que se financien obras que no contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las comunidades aledañas, o que se generen presuntas obras sobrevaloradas e irregularidades en las gestiones locales.

Vincular el canon minero a la restauración de los PAM no solo se encuentra directamente relacionado a una mejora en la calidad de vida de la población (tomando en cuenta el impacto de estos en la salud pública), sino que también generaría una mayor rendición de cuentas y supervisión en este tipo de gastos.

En el caso de las multas del OEFA, éstas son utilizadas para el financiamiento de la fiscalización que realiza la entidad, pese a contar con un presupuesto anual aprobado y cobrar un Aporte por Regulación justificado en cubrir este tipo de gastos.

Es más adecuado destinar parte de lo recaudado por infracciones ambientales a actividades de restauración del ambiente.

A manera de conclusión, es importante mencionar que la restauración de los PAM implica una inversión de largo plazo de aproximadamente 7 mil millones de soles. Sin embargo, el reaprovechamiento de estos debe orientarse como una oportunidad tanto de desarrollo económico, restauración ambiental, como de generar un cambio en la percepción pública de las actividades mineras como actividades contaminantes.

En ese sentido, prácticas como las de CDPR deben ser fomentadas por el Estado y deben ir acompañadas de un incremento de los esfuerzos estatales para la restauración. Estas propuestas buscan precisamente ello; mejorar las condiciones de gobernabilidad de los PAM, con aportes focalizados en la promoción de la diversidad en las fuentes de financiamiento y la apertura a la participación del sector privado.

¹Los pasivos ambientales mineros son definidos como todo impacto negativo generado por operaciones mineras abandonadas, con o sin dueño u operador identificable

²Activos Mineros S.A.C. es la empresa pública creada en el año 2005con el objeto de asumir la remediación ambiental de los PAM en el Perú bajo administración del Estado.